El lunes, el Consejo de la Judicatura Federal anunció que investigaría las relaciones, puestas de manifiesto por la divulgación de varias llamadas telefónicas, entre el representante de los hermanos Rojas Cardona, a quienes se les han cancelado las licencias para operar casinos (mismos que están en falta desde 2005, pero que durante estos nueve años han operado gracias a distintos amparos judiciales y a la red de protección, judicial y política que estos personajes han creado en torno suyo) y un magistrado de Nuevo León.
En ellas, Francisco Salazar Arreozola, representante de los Rojas Cardona y el magistrado Eduardo Ochoa Torres, llegan incluso a hablar de los sobornos que darían a distintos jueces para resolver casos que involucraban al primero. Pero ayer, otros audios y documentos, involucran al mismo Salazar Arreozola con el magistrado José Manuel Rodríguez Puerto y con Mario Prado, que encabeza la oficina del consejero de la Judicatura, Daniel Cabeza de Vaca, quien fue incluso procurador General de la República en el gobierno de Vicente Fox. Cabeza de Vaca ha desmentido que él personalmente tuviera alguna relación con Salazar Arreozola, pero está pendiente de ver si su secretario técnico la tuvo.
El caso demuestra una vez más cómo se da la penetración de estos grupos y personajes en el sistema judicial mexicano; cómo se puede mover, inducir y comprar la justicia en nuestro país. Es verdad que hay sectores en el poder judicial que han tenido una muy importante transformación desde la reforma de 1994 hasta ahora, sobre todo en torno a la Suprema Corte, pero debajo de ella aún hay muchos espacios donde la justicia lisa y llanamente no opera, o lo hace alimentada por poder y dinero.
Los Rojas Cardona no tendrían por qué seguir administrando casinos: tienen órdenes de aprehensión en Estados Unidos; están acusados de haber defraudado a sus socios; han llegado a meter a la cárcel con todo tipo de trampas a quienes los han denunciado; existen acusaciones de relaciones oscuras contra ellos, pero lograron tramas de protección casi inéditas en su ámbito de actividad: políticos, legisladores, funcionarios, jueces y ahora sabemos también que, incluso, operaban en el Consejo de la Judicatura Federal, el espacio judicial más importante del país junto con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Seguían operando y se escudaban en amparos y permisos que provenían de instancias sobre todo locales, y esas mismas instancias son las que actuaban contra sus rivales, económicos o políticos.
En el terreno judicial, el notable retraso en la implementación del nuevo sistema de justicia que muestran la mayoría de los estados es consecuencia directa de esa opacidad, pero también el retraso está provocado por quienes desean que la misma perdure. Cuanto más opaco sea el sistema de justicia, cuando más discrecional, mayores oportunidades de corrupción existen. Y las mismas las utilizan quienes tienen dinero y poder. Y si ambos van de la mano, mejor. Y el de los Rojas Cardona parece ser un caso paradigmático al respecto.
En su caso estamos hablando de grandes personajes, pero esto también se da en la justicia del día con día. Ya en otra oportunidad entraremos en mayores detalles, pero sólo en esta semana hemos recibido información de niños que en los hechos han sido literalmente robados a sus madres, porque sus padres o abuelos son, o dicen ser, influyentes en el mundo político e incluso importantes abogados dicen que prefieren no tomar sus casos porque tienen “conflictos de intereses” con esos personajes. Conocemos el caso de una madre y sus hijos despojados a la mala de sus propiedades por otro hijo de un autodenominado influyente, éste del mundo cultural y político. Un abogado, acusado de encabezar una banda de Los Zetas en Tabasco, detenido hace unos años, la semana pasada apareció en libertad e incluso cuando sufrió un atentado se fue a refugiar a un cuartel militar. Sabemos de sicarios y secuestradores que entran por una puerta a los juzgados y salen, en libertad, por la otra. Y estamos hablando de miles de casos, mientras que otros, muchos de ellos inocentes, acusados de los más graves delitos prácticamente sin pruebas, se pudren en las cárceles sin posibilidad siquiera de tener un defensor.
El sistema de justicia no está funcionando y cuando nos encontramos con que personajes como los Rojas Cardona pueden llegar a “operar” con tanta tranquilidad hasta en el propio Consejo de la Judicatura Federal y con magistrados de primer nivel, sin necesidad siquiera de ocultar sus pláticas telefónicas, podemos saber perfectamente bien por qué la justicia no funciona en nuestro país.
Por cierto, en una Razones anterior, dijimos que dos casinos de nombre Kash, eran propiedad de los Rojas Cardona. No es así, en realidad son propiedad de uno de los empresarios defraudados por el propio Rojas Cardona.
